Los productores se funden, pero el Estado les saca cada vez más

La presión impositiva de los estados nacionales y provinciales se vuelve cada vez más insoportable para el campo. Según el informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) correspondiente a marzo, el estado en todas sus variantes se queda con 80 de cada 100 pesos que perciben los productores agrícolas de soja, maíz, girasol o trigo.

“El impacto que tiene la sequía, reduciendo el impuesto a las ganancias, genera que los impuestos no coparticipables crezcan, hasta llevarse 3 de cada 4 pesos que aportará la producción agrícola este año, un récord, al menos desde que FADA lo mide”, alerta David Miazzo, Economista Jefe de la fundación, dejando un dato más que preocupante para las provincias.

Esto se da porque el impuesto con mayor peso es el derecho de exportación que, al actuar sobre el precio bruto, no reconoce caídas en la rentabilidad. Así, a medida que empeora la sequía, aumenta la participación de los impuestos sobre la renta en un combo devastador para los productores.

El índice de marzo es 14,3 puntos porcentuales más alto que el de marzo de 2022, empujado por menores rindes como consecuencia de la sequía y las heladas que han afectado a los cultivos, y la baja de los precios internacionales a comparación de lo que pasaba a comienzos de 2022, cuando estuvieron impulsados por la invasión rusa a Ucrania.

Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 79,1%, la participación del Estado en soja aumenta al 94,1%, en maíz es del 62,4%, en trigo se fijó en 78,7% y en girasol en el 58,3%. Resalta el caso de la soja, donde los impuestos se llevarán casi la totalidad de la escueta renta que genere el cultivo esta campaña.

La renta, según entiende FADA, es el valor de la producción menos todos los costos que enfrenta. “Esa renta se distribuye entre los impuestos, el resultado de la producción y la renta de la tierra. Si se aplica a alguien que alquila la tierra, o sea que le representa un costo, en un año donde la producción genera pérdidas el Estado se lleva más del 100% de la renta”, agrega el economista.

Del total recaudado por hectárea, en promedio el 76,4% son impuestos no coparticipables, es decir, que quedan en el Estado Nacional. Otro 16,3% son coparticipables, o sea que una porción regresa a las provincias que lo produjeron, mientras que el 6,2% corresponden a tributos provinciales y el 1,1% a los municipales.

“En momentos como éste resaltan dos grandes problemas del sistema impositivo”, advierte Nicolle Pisani Claro, economista de FADA. “Por un lado, la falta de federalismo fiscal, ya que con una caída tan profunda de los rindes desaparece un tributo coparticipable como el impuesto a las ganancias y persisten otros que no se coparticipan como los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos. Por otro lado, el problema de no contar con una cuenta tributaria única y que los saldos de los distintos impuestos queden estancos y retenidos en AFIP, generando un costo para los productores”, analiza la especialista.

En particular, FADA se refiere a los saldos técnicos de IVA que, en momentos de quebrantos generalizados, las empresas agropecuarias acumularán traducidos en montos millonarios de saldos técnicos de IVA en AFIP, en un año en que muchas de ellas no podrán ni siquiera hacer frente a sus deudas.

Mientras el índice FADA nacional es de 79,1%, las principales provincias agrícolas difieren en cuanto a la presión impositiva. Lidera Entre Ríos con el 86,7%, seguida por Córdoba con un 81,7% y La Pampa (78,8%). El cuarto lugar lo comparten San Luis y Santa Fe con el 77,5%, mientras que Buenos Aires cierra con 75,6%. En el caso de la soja, 3 de las 6 provincias tienen un índice superior a 90% y las 3 restantes superior al 100%. 

En cuanto a los fletes, los productores de San Luis son los que afrontan los mayores costos, con el 22% de lo que rinde una hectárea de maíz. Le siguen Córdoba (21%), La Pampa (19%), Buenos Aires (18%), Entre Ríos (16%) y Santa Fe (13%), que tiene los puertos muy cerca de los puntos productivos.

En cuanto a los costos de los insumos, medidos en dólares, se han comenzado a ver descensos importantes luego de las subas de 2021 y 2022. En la urea se ve una baja interanual del 56%, aunque aún es un 20% más caro que hace 3 años. El PDA tuvo un descenso interanual del 28%, a pesar que todavía cuesta un 60% más. El caso del glifosato, que también había sido uno de los que más aumentó, muestra una caída interanual cercana del 40%, pero aún vale 60% más que en las tres campañas anteriores. Estas bajas de los insumos ayudan a descomprimir los costos y, por lo tanto, el incremento del índice de participación del Estado en la renta agrícola, que de todas maneras sigue siendo asfixiante.